Somos una OSC( organización de la sociedad civil) sin fines de lucro. Nos distanciamos de las estructuras jerárquicas tradicionales en la medida en que adoptamos formas de autoorganización más horizontales. Ésta encuentra conformada mayoritariamente por jóvenes profesionales ó en vías de desarrollo profesional, los cuales proponen a través de su accionar contribuir a la edificación de una sociedad más justa y solidaria. Procuramos la satisfacción de necesidades comunes, generando nuevos lazos sociales y de pertenencia. La organización surge en medio de todo el caos que asecha a la sociedad actual, ya se en materia de salud, educación, seguridad, empleo, exclusión social, corrupción; buscamos de esta manera garantizar efectivamente a todos sus ciudadanos los derechos constitucionales básicos (protección a la niñez y la vejez; acceso a la educación, la salud y una vivienda digna); considerando como único marco aceptable para lograr nuestros fines el estado de derecho y las instituciones republicanas.
  • EL AGUA OCULTA Y EL CAMBIO CLIMATICO

    Aunque las guerras del agua se remontan a más de 5.000 años, se creía anteriormente que era un recurso inagotable y solo un tema problemático para unas pocas regiones.

    Desde las periódicas inundaciones en el delta del Nilo, (antiguo Egipto) aprovechadas ya hace 7.000 años por la cultura El Fayum, y las primeras obras de canalización hace unos 5.500 años por la cultura Tasiense, siempre predominó la agricultura en su consumo .Pero las nuevas tecnologías (bombeo desde los ríos, fertilización, fumigación, abaratamiento de la extracción subterránea con su uso más frecuente para riego por inundación, aspersión, goteo, etc.) permite seguir aumentando cada vez más la superficie regada y un consumo mayor a la reposición natural en el orden mundial. Es evidente que como resultado del cambio climático, aumentaron los eventos extremos que son cada vez más frecuentes: sequías, inundaciones, temperaturas inéditas, ciclones, etc.

    La globalización y el intercambio creciente de productos agropecuarios e industriales que origina, nos introduce a la pregunta sobre cuanta agua importamos o exportamos a través de esos productos.

    Cuantificar la cantidad de agua que traemos o llevamos por los motivos antedichos, y su costo para producirlos nos inserta en el concepto de “agua virtual”.

    Diversas fuentes estiman que el comercio internacional de productos agrícolas absorbe en la actualidad un contenido de agua de 1.600 millones de metros cúbicos.

    Según el informe de la UNESCO (2006) las fuentes potenciales de conflictos hídricos son: la ESCASEZ (permanente o temporaria), diferencia de fines y objetivos, factores sociales e históricos complejos (rivalidades, guerras, antagonismos previos), relación asimétrica entre localidades, provincias o regiones, asuntos específicos de política hídrica (construcción de presas, acueductos, desvíos de cursos, etc.).

    Por otra parte debemos tener en claro (aunque las cifras difieren un poco entre sí, según los autores), que-agua oculta incluida- para producir por ejemplo 1 Kg. de arroz, son necesarios 3.900 litros de agua, 1 Kg. de trigo, 1.300 litros de agua, 1 Kg. de soja 1.800, l Kg. de maíz 900 l.,1 Kg. de pollo 3.900 l., y 1 Kg. de carne vacuna faenada 15.500 litros (Fuente :” Hoekstra & Arjen (2008)” *Globalization of water.

    El intercambio de productos significa de hecho la importación y exportación de agua virtual a través de los mismos.

    El 80% de la tierra agrícola mundial se cultiva con agua de lluvia, lo que permite producir un 60% de la producción mundial. Vale decir que el 20% irrigado produce el 40% restante, es decir casi 3 veces más .Ante el aumento de la población mundial nadie puede oponerse a incrementar las cosechas, pero han llegado los tiempos de abandonar el derroche que significa el riego por inundación (salvo para el arroz y algún otro producto) .También se deberá incrementar la reutilización de las aguas grises y las provenientes del uso industrial.

    Es evidente que todo futuro avance tecnológico estará supeditado al deterioro o nó de las condiciones ambientales (si se pudiesen remplazar por otras tecnologías menos contaminantes la situación mejoraría en términos relativos).

    Ante el aumento creciente en la demanda de agua a escala mundial, por el consumo agrícola (70%), industrial (20 %) y humana, el agotamiento de fuentes no renovables como las aguas fósiles, el excesivo bombeo, con sus efectos en la salinidad y contaminación de las fuentes subterránea, el transvase irracional de ríos, lagos, arroyos, y el desequilibrio que produce cuando no se realiza a un estudio objetivo y previo de I.A. (impacto ambiental), sin ocultos intereses económicos o políticos.

    Si a esto le añadimos el cambio climático: calores, fríos, sequías o inundaciones cada vez más frecuentes y extremas que solo algunas veces compensan el fenómeno anterior, encontraremos las causas que están agudizando los conflictos zonales, Interprovinciales e Internacionales por el dominio y uso del agua.

    Gran parte de estas cuestiones se derivan como dijimos del uso abusivo del recurso agua, pero también de la ineficiencia en su aprovechamiento (vgr: riego por inundación, pérdidas excesivas en las redes, falta de conciencia sobre la magnitud del problema, etc.).

    .Pero las nuevas tecnologías (fertilización, fumigación, abaratamiento de la extracción subterránea con su uso frecuente para riego por inundación, aspersión, goteo, etc.), sigue incrementando cada vez más un consumo mayor a la reposición media anual en el orden mundial.

    Por otra parte los conflictos bélicos reales y sus dramáticas consecuencias también forman parte del Cambio Climático y el calentamiento global.

    Baste el ejemplo: un solo bombardero B-52 en vuelo quema 13.200 litros/hora de combustible. Según las propias fuentes del Pentágono, sólo la Fuerza Aérea de U.S.A. en 2005 consumió 12.500 millones de litros!!!!... Si sumamos las demás fuerzas concluiremos que el principal contaminador del planeta gasta en su aparato bélico más que todo el derrochón sistema de transporte de ése país. Con un 5 % de la población mundial aportan el 25% de gases de efecto invernadero.

    El fracaso de la cumbre de Copenhague donde los países industrializados hace ya unos 150 años a costa de comprar materias primas baratas en sus ex colonias, fueron pioneros en la contaminación del medio ambiente y ahora se niegan a pagar esa deuda histórica con el resto de la humanidad nos debe llamar a la reflexión.

    Aún hoy siguen lucrando con un evento que pone en peligro el destino de nuestro planeta. “No hay un planeta B” decían cientos de carteles enarbolados por los manifestantes de Copenhague.

    Por último, y en las palabras de Justin Lin, economista jefe del Banco Mundial

    “Alrededor del 75 al 80 % de los daños causados por el calentamiento global serán sufridos por los países en desarrollo, aunque solo contribuyen con 1/3 de las gases de efecto invernadero”. Me pregunto: llegaremos a tiempo o cuantos años nos faltan para el colapso total ????.....

    Daniel F. Pustilnik.
    geocom@dcc.com.ar
    Icho Cruz (Cba),Diciembre de 2009.

  • PRINCIPIOS DE EDUCACION

  • EL DESAFIO DE HACER LA EDUCACION DEL SIGLO XXI

    Argentina. El desafío de hacer la educación del siglo XXI

    Desde comienzos de los 90, el sistema de educación en la Argentina está escalonado en tres grandes niveles, que a su vez contiene ciclos: primero, el Nivel Inicial, segundo la Educación General Básica o EGB, que se divide en 3 ciclos (el ciclo 1 de 6 años que constituye la etapa de aprendizajes básicos de la lecto-escritura y matemática y los ciclos 2 y 3, cada uno de tres años, que conforman la educación secundaria post obligatoria) y tercero, el Nivel Superior universitario y no universitario.

    En Argentina viven más de 13 millones de niños, niñas y adolescentes. Según datos oficiales del 2001 presentados por la Argentina en su Informe de País 2005 en torno al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en la Educación General Básica 1 y 2 se registrarían tasas de escolarización prácticamente universales (98,1 por ciento) mientras que en el nivel 3 la tasa desciende casi en 20 puntos porcentuales (78,4 por ciento). Es en este último ciclo, tal como ocurre con el Nivel Inicial, donde la desigualdad entre las regiones geográficas del país adquiere mayor relevancia, alcanzando una diferencia porcentual de 25 puntos.

    Las probabilidades de culminar la EGB de quienes residen en el Gran Buenos Aires (74,9 por ciento) son mucho más elevadas que las de aquellos que residen en las zonas más desfavorecidas como el noreste argentino (49,7 por ciento) o el noroeste (58,2 por ciento). La tasa de egreso de la EGB completa es del 65,7 por ciento, lo que muestra a las claras las dificultades del sistema educativo para retener con éxito a todos sus alumnos.

    De los niños y niñas en edad escolar, casi el 10 por ciento no va a la escuela, mientras 245 mil estudiantes -es decir 2 de cada 10 jóvenes- abandonan la escuela secundaria.

    Tomando la franja de jóvenes de 15 a 24 años, de cada 100, el 71 por ciento (lo que equivale a 2.234.644 jóvenes) está en situación educativa de riesgo, es decir, que tiene grandes probabilidades estadísticas de quedar marginado o excluido -de distintas maneras y en diferentes grados- de la vida social, política o económica según el nivel de educación formal alcanzado, en las actuales condiciones sociopolíticas y económicas impuestas.

    Según datos del censo 2001 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), serían 3.486.358 las personas que no finalizaron el nivel primario (considerado como nivel obligatorio con anterioridad a la Ley Federal de Educación).

    El porcentaje de analfabetos “puros” en la población de 10 años, según el mismo censo del INDEC, alcanza al 2,61 por ciento, lo que equivale a decir 767.027 personas.

    Desde 1993, la educación pública en la Argentina estuvo regulada por la denominada Ley Federal de Educación, una ley que en términos políticos fue coherente con el modelo neoliberal imperante en la década del 90 y propició la destrucción progresiva del sistema de educación pública nacional.

    Esta ley se puso en ejercicio como parte del paquete de medidas provenientes de los organismos internacionales de crédito -en especial del Banco Mundial- quien en un documento del año 1991 proponía la descentralización de la educación pública y el fomento de la escuela privada y el traslado de parte de la carga financiera de la educación del Estado a los beneficiarios, es decir a los estudiantes y sus familias.

    La precarización de los edificios públicos, la desvalorización del trabajo docente, la escasez de presupuesto y los preocupantes índices de deserción escolar, iban de la mano de una escuela que debía formar mano de obra barata para un mercado de trabajo que se achicaba a medida que se abría la economía.

    Hoy, 13 años después, el gobierno nacional -a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología- dio un gran paso adelante al proponer que esta ley sea discutida y reformulada. Pero la metodología y los plazos planteados desde el Ministerio de Educación generan malestar entre los sectores convocados y no propician el debate central en esta coyuntura: qué educación quiere la Argentina.

    La posibilidad de debatir en torno a la educación nacional se presentó como una posibilidad esperanzadora para la ciudadanía en general y para las organizaciones sociales y gremiales que habían hallado al fin un espacio donde volcar sus inquietudes y necesidades.

    "Sabemos que es en el campo de la educación donde se prefigura el futuro de los países y el bienestar de las futuras generaciones. Sólo una educación de excelente calidad para toda la población permitirá alcanzar los objetivos de justicia social, crecimiento económico y ciudadanía democrática, que guían una estrategia de desarrollo sustentable". Así se afirma al inicio del primero de los dos capítulos del documento de la nueva Ley Federal de Educación elaborado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología argentino y puesto a consideración de organizaciones, docentes y la ciudadanía en general.

    El pasado 22 de mayo se firmó el decreto presidencial y se lanzó el debate preparatorio de la nueva Ley de Educación Nacional. Durante el resto del mes de mayo se desarrolló la fase de consultas a instituciones y especialistas, mientras en junio se procedió a poner en marcha el debate general, las encuestas de opinión y jornadas en escuelas, mientras en julio se sistematizaron los aportes y la información disponible. En agosto se llevará a cabo la primera redacción del proyecto de ley, que será puesta a consideración de instituciones y especialistas en una nueva fase de consultas durante el mes de septiembre. La redacción final y la elevación del proyecto de ley al Congreso de la Nación se proyecta para el mes de octubre.

    Pero para diversos sectores de la sociedad civil organizada, esta posibilidad se enfrentó a muchos vicios ideológicos y metodológicos: entre otras críticas, se destacan la repetición textual de tramos enteros de la vieja Ley Federal de Educación en el nuevo documento y la pretensión del gobierno de resolver en el transcurso de 5 meses de debate una nueva ley que monte sobre sus espaldas trece años de destrucción sostenida de la escuela pública y redujo las perspectivas presentes y futuras de varias generaciones de chicos y chicas.

    Por otra parte, el documento base que debía someterse a discusiones en las escuelas en jornadas institucionales no se dio a conocer por anticipado y fue distribuido básicamente a través de sistemas electrónicos, dejando fuera a quienes estuvieran excluídos de estos medios.

    Financiación creciente

    Otra medida gubernamental dispuesta recientemente que tiende a la reparación del sistema fue la sanción de la denominada Ley de Financiamiento Educativo (N° 26.075), que establece la financiación creciente de la educación, la ciencia y la tecnología hasta alcanzar un equivalente al 6 por ciento del Producto Bruto Interno hacia el año 2010.

    En la investigación "Nuevas leyes, viejos problemas en Educación de Jóvenes y Adultos", sus autoras María Teresa Sirvent, Amanda Toubes, Sandra Llosa y Paula Topasso plantean que "el documento distribuido por el Ministerio de Educación (...) es un documento “atemporal”, es decir, su contenido parece haber sido escrito en un vacío de situación y tiempo histórico" puesto que el único dato cuantitativo que se señala como anclaje de realidad, se encuentra donde dice que “en los próximos años, además de garantizar la obligatoriedad escolar a las nuevas generaciones, deberemos enfrentar el desafío de educar a más de un millón de adultos que no lo hicieron en su niñez o juventud, lo cual justifica que las normas legales otorguen a este tema una atención particular”. Pero las investigadoras señalan que este único dato es confuso, erróneo e insuficiente para diagnosticar la gravedad de la situación de pobreza educativa de casi el 70 por ciento de la población joven y adulta que fue expulsada de la escuela.

    Un relevamiento realizado por las carteras de Educación de todas las provincias revela que, hasta fines de julio, fueron 750 mil los docentes que participaron del debate por la nueva Ley de Educación, realizado en la mayoría de los 44 mil establecimientos educativos argentinos.

    Para organizar el debate se propusieron diversas líneas de acción a las que debería orientarse la nueva ley: garantizar que todos tengan acceso y permanezcan en el sistema educativo; tender a una estructura unificada para todo el país; lograr la obligatoriedad de la educación secundaria; universalizar la educación inicial; ofrecer nuevas oportunidades para los que no completaron su escolaridad obligatoria; garantizar la igualdad en el acceso y permanencia para personas con necesidades especiales; asegurar la calidad e igualdad de aprendizajes; renovar periódicamente los contenidos; ofrecer una formación integral; recuperar la centralidad del aprendizaje; garantizar el acceso a una segunda lengua; garantizar el derecho a conocer y dominar las nuevas tecnologías de la información; fortalecer el rol educativo de los medios masivos de comunicación; promover una educación a distancia que supere las fronteras; ofrecer un canal de Televisión Educativa; poner el gobierno de la educación al servicio de los objetivos de calidad para todos y todas.

    La cartera educativa nacional recibió hasta el momento los aportes de 300 organizaciones, incluyendo gremios docentes y del trabajo, universidades, estudiantes, empresarios, organizaciones religiosas, pueblos originarios, entidades de educación privada y organizaciones sociales que trabajan en el campo educativo- para la elaboración de la nueva ley. Entre otras entidades que se incorporaron al debate figuran la Unión Industrial Argentina, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, la Confederación General del Trabajo, comunidades aborígenes, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares, Fundación del Viso, la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada, la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, la Confederación de Educadores Argentinos, la Unión Docentes Argentinos, el Gremio de Docentes Autoconvocados y el Consejo Superior de Educación Católica.

    Por su parte, líderes religiosos católicos, judíos, musulmanes, evangélicos y ortodoxos reunidos en la Conferencia Episcopal Argentina hicieron entrega días atrás de un documento de diez puntos al ministro de Educación reclamando al funcionario que la nueva ley garantice la inclusión de los sectores más desfavorecidos.

    Además, según cifras oficiales, fueron más de 50 mil los ciudadanos y ciudadanas que opinaron sobre el anteproyecto de la nueva Ley de Educación, respondiendo a un cuestionario disponible en puestos callejeros instalados en las principales ciudades del país.

    Por Flavia Fascendini
    Fuente: Mosaico Social

  • EL AGOTAMIENTO DEL MODELO

    La crisis laboral sería producto del "agotamiento del modelo" y no del contexto internacional

    Un estudio de Idesa sostiene que para enfrentar el nuevo escenario hace falta cambiar la política laboral y que la encrucijada que se plantea en 2009 es que la reversión del escenario internacional se da junto con el agotamiento del principal factor que contribuyó a la expansión del empleo y la actividad económica.

    CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Según un estudio del Instituto de Políticas para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), el origen de la crisis laboral es más fruto del agotamiento del modelo de crecimiento basado en salarios reales bajos que de la crisis financiera internacional.

    El informe sostiene que el principal motor de la expansión hasta comienzos del 2008 fue la abrupta caída del salario real producida por la devaluación de 2002. Ahora, con costos laborales a niveles similares a los que había antes de la devaluación, para enfrentar el desafío de mantener el empleo y el salario real es necesario cambiar la política laboral. Por el contrario, si se insiste en profundizarla, los costos sociales serán enormes.

    Los niveles de actividad económica, empleo y salarios reales están íntimamente vinculados. El estudio de IDESA señala al respecto que las tres variables pueden crecer de manera sostenida, en la medida en que la inversión y los aumentos de productividad sean sostenidos. Bajo estas condiciones, el incremento en los costos laborales no cercena la capacidad de generación de empleos gracias a que se financian con los aumentos de productividad. Esto es lo que ocurre, en general, en los países bien organizados. En cambio, cuando los incrementos de costos laborales superan los incrementos de productividad hay pérdidas de empleos. En este sentido, para sostener el empleo con bajos niveles de productividad se requiere que el salario real se mantenga bajo.

    La experiencia argentina no escapa a esta lógica. Un ejemplo concreto se observa con la crisis de 2002. Entre finales de 1998 y finales del 2002, el nivel de actividad económica medido a través del PBI real disminuyó en todos los años, sin excepción, hasta acumular una caída del 16%. Según datos de entonces del Ministerio de Trabajo y el INDEC, el comportamiento del empleo y los salarios reales durante el mismo período tuvo la siguiente dinámica: * Entre el cuarto trimestre de 1998 y el cuarto trimestre del 2001, la cantidad total de ocupados urbanos cayó un 4% y el salario real cayó un 5%; * Entre el cuarto trimestre del 2001 y el cuarto trimestre del 2002, luego de la devaluación la cantidad total de ocupados urbanos se incrementó un 6%. * En este último período, el salario real medido en términos del Indice de Precios Mayoristas cayó un 58%.

    Los datos muestran cómo cuando la actividad económica se contrae las tendencias en el mercado de trabajo son negativas. Esto se puede dar con caídas simultaneas en el empleo y el salario real, o bien, sosteniendo el empleo a través de fuertes caídas en el salario real. También es imaginable la alternativa opuesta, es decir, que se preserve o se incremente el salario real a costa de la destrucción de empleos.

    La encrucijada que se plantea en 2009 es, según IDESA, que la reversión del escenario internacional se da junto con el agotamiento del principal factor que contribuyó a la expansión del empleo y la actividad económica, que es la fuerte "licuación" de salarios que se produjo con la devaluación. Según datos oficiales, luego de la fuerte caída del salario real en 2002 se fue produciendo una recuperación hasta llegar en la actualidad a un nivel similar al que había antes de la devaluación. En el 2008, el costo laboral promedio ya se había recuperado de la caída del 2002 y era apenas un 8% inferior al que había en el 2001.

    La estrategia de aplicar diferentes medidas tendientes a obstaculizar los despidos y, en paralelo, promover pautas de negociación salarial del orden de los dos dígitos tratando de no apartarse mucho de la evolución de los precios, está condenada al fracaso, señala el trabajo, fundándose en experiencias argentinas anteriores y en las de otros países. En un escenario económico contractivo -indica-, empleo y salarios reales son objetivos contradictorios a menos que se aborden políticas para mejorar la eficiencia laboral y disminuir los sobrecostos laborales.

    Esto implica revertir un proceso de incrementos de sobrecostos espurios que viene de larga data pero que se ha profundizado desde 2002. Estos sobrecostos son el incremento en las cargas sociales sin que hayan mejorado los beneficios de la seguridad social, la imposición de nuevas contribuciones "solidarias" obligatorias a través de los convenios colectivos de trabajo, la mayor carga burocrática y complejidad en la organización interna de la producción, los conflictos de encuadramiento sindical entre gremios llevados a los ámbitos de la producción y la multiplicación de los incentivos a favor de la litigiosidad laboral por la destrucción normativa del régimen de despido y de riesgos del trabajo.

    La crisis de empleo que enfrenta la Argentina no es un derivado de la crisis financiera internacional. Es el fruto de la debilidad institucional y la incapacidad para implementar políticas laborales racionales. Actualmente se enfrentan los mismos desafíos de política laboral que en el 2001, esto es, preservar empleos y salarios reales en tiempos de crisis eliminando sobrecostos espurios que minan la productividad de las empresas y la economía, concluye el informe.

    IDESA no es una consultora, sino un centro de estudios multidisciplinario sin fines de lucro especializado en temas económicos con orientación hacia los temas sociales.

  • CALENTAMIENTO GLOBAL

  • LAS VICTIMAS MAS INJUSTAMENTE PERJUDICADAS

  • LA POBREZA ALCANZA EL 32,5%

    Un informe dice que la pobreza alcanza el 32,5% en la Argentina

    Según la entidad bancaria, influyeron el aumento de la canasta básica y el desempleo.

    BUENOS AIRES (NA) -- La pobreza crece y ya afecta al 32,5 por ciento de la población argentina, unos 13 millones de personas, según un estudio del Banco Ciudad realizado en base a datos del Instituto de Estadísticas y Censo (Indec).
    La última medición había arrojado una pobreza del 31 por ciento, pero tras conocer los detalles de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) la entidad recalculó y detectó un crecimiento del 1,5%.
    El Indec reanudó la semana pasada la publicación de la EPH, suspendida desde fines de 2007, por lo que permitió a los expertos contar con datos de ingresos del segundo trimestre.
    La entidad complementó su estudio con las valoraciones de la Canasta Básica Alimentaria --que marca la línea de indigencia-- y la Canasta Básica Total --que mide la línea de pobreza-- de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).
    Según el análisis de los datos del Indec, la pobreza pasó del 28,9% en el primer trimestre de este año al 32,5% en el segundo trimestre.
    Ese aumento se explicó por el impacto del desempleo y la actividad en los ingresos, que según la EPH cayeron 2,5%, en un trimestre que capturó a pleno los efectos de la recesión local.
    En segundo término, influyó el mayor impulso inflacionario (principalmente en alimentos), que se reflejó en el incremento de la Canasta Básica Total y Canasta Básica Alimentaria de FIEL, que subieron en promedio 3,5 por ciento en ese trimestre.

    Diferencias
    La diferencia en el cómputo de la tasa de pobreza que hace el gobierno y la del Banco Ciudad se encuentra en la brecha de precios que presenta la Canasta Básica oficial del Indec en relación a los relevamientos privados, como el de FIEL.
    De acuerdo al Indec, un varón de 30 a 59 años, con necesidades energéticas promedio de 2.700 kilocalorías, necesitaba en junio 325,99 pesos para no ser pobre y 144,16 pesos para no ser indigente.
    Para FIEL, en cambio, ese mismo hombre necesitaba en junio 503,6 pesos por mes para no ser pobre y 240,4 pesos para no caer por debajo de la línea de indigencia.
    Entre las dos mediciones, la pública y la privada, se registra una distancia del 54%.
    Con las cifras de la Fundación, la pobreza alcanza al 32,5% de la población, lo que significa 13 millones de personas, cuando las mediciones oficiales indican 7,5 millones de afectados.
    Mientras, la indigencia alcanza al 10,2%, es decir, unos 4 millones de personas, unos 2,5 millones más que en los cómputos oficiales.

    Otros nueve millones

    La actual crisis financiera que afecta al mundo provocará que 9 millones de personas caigan a fin de año en situación de pobreza en la región, según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL: Panorama social de América Latina 2009.
    En el estudio, estima que la pobreza aumentaría un 1,1 por ciento y la indigencia un 0,8 por ciento, en relación con 2008.
    De esta forma, las personas de menos recursos pasarán de 180 a 189 millones en 2009 (34,1 por ciento de la población total de la región), mientras que los pobladores en situación de indigencia aumentarían de 71 a 76 millones (13,7 por ciento del total de habitantes).
    Estas cifras indican un cambio en la tendencia de reducción de la pobreza que venía registrando la región, aclara el estudio de la CEPAL.
    "Los nueve millones de personas equivalen a casi un cuarto de la población que había superado la pobreza entre 2002 y 2008 (41 millones de personas), gracias al mayor crecimiento económico, la expansión del gasto social, el bono demográfico y las mejoras distributivas", según el estudio.
    "No podemos decir que hemos echado por la borda los logros alcanzados en esos seis años. No es un sexenio perdido. Sin embargo, este aumento de la pobreza nos obliga a actuar", consideró la secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.

    Niños y mujeres, los más perjudicados

    En Latinoamérica, la pobreza golpea más fuerte a los niños y mujeres que al resto de la población: es 1,7 veces más alta en chicos menores de 15 años que en adultos, y 1,15 veces mayor en mujeres que en hombres, describe el estudio de la CEPAL.
    "Urge aplicar políticas de largo plazo dirigidas a los niños y jóvenes quienes son los futuros motores productivos de la sociedad y facilitar la inserción laboral de las mujeres para que no se siga perpetuando el círculo de la pobreza", dijo la secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.

  • POLITICAS SOCIALES Y POBREZA

    Visitando la Rioja y trabajando con grupos focales de discusión, uno comprende que hay buenas iniciativas en el país. Que hay ejemplos que seguir. Que se puede a pesar de todo. En esta Provincia se ha decidido seguir el ejemplo de Uruguay y San Luis y entregar una computadora a cada niño.

    Para eso solamente falta que el congreso Provincial apruebe la ley y se entregarán 60.000 notebooks para empezar a cambiar la historia y facilitar el acceso a la tecnología digital a quienes hoy les resulta imposible sin la ayuda del Estado. Así, desde las zonas más postergadas del país el progreso empieza a incorporarse mientras que la Provincia de Bs As al contrario, aparece con indicadores que la sumergen en parámetros de atraso que no ceden. Por ejemplo, haciendo un análisis multivariante en el país sobre enfermedades infecciosas, equipos sanitarios y saneamiento urbano se observa que Bs As se acerca cada vez más a grupos de Provincias que están entre las que muestran los indicadores más preocupantes del país. Claramente, la situación de pobreza en el conourbano, nucleo duro de las políticas populistas y demagogicas de muchos gobiernos, es la causante de semejante atraso.

    Pero no sólo en educación La Rioja ha tomado la iniciativa. Tambien en Salud ha generado buenas ideas y acciones. El cáncer de cuello de útero es la segunda causa de muerte de las mujeres en el país y la primera en el norte Argentino. Es un cáncer que se evita con buena alimentación, educación, uso del presentativo, evitando el tabaquismo, haciendo el papanicolao tempranamente, vacunando. Cada madre que muere deja un niño en situación de riesgo. Se pierden así décadas de años de vida y los niños que pierden a sus madres muchas de ellas menores de cuarenta años, pasan a tener un riesgo entre 3 y 5 veces más de morir que aquellos que continúan con su progenitora viva.

    La Rioja tiene según su Secretario de Salud unas 62761 mujeres en riesgo. De ellas cerca de la mitad (unas 29000) no tiene obra social. Apenas el 20 % de la población en riesgo se hace controles como el papanicolao. El estado se encarga de unas 6500 de ellas y la obra social provincial de otras 7300 aproximadamente. Un valorable esfuerzo, pero sin duda insuficiente, pues deja al 80 % de la población en riesgo fuera del control.

    Naturalmente el dinero y la falta de centros descentralizados de atención juegan un papel aquí. La falta de patólogos en el interior por ejemplo, provocaba que cientos de muestras tomadas demoraran meses en provocar una devolución al paciente. El simple nombramiento de algunos patólogos bajó esa demora a menos de una semana. La vacuna por otra parte ,es todavía demasiado cara. Son tres dosis que orillan los 900 dolares en total. Tomando una estimación de 3000 pesos por vacuna cubrir a toda la población en riesgo que como se dijo superan las 62000 mujeres, implicaría gastar todo el presupuesto en salud que es de 200 millones en la vacuna para prevenir el cáncer de cuello de útero.

    ¿Que se propone entonces hacer en un contexto de tanta necesidad y escacez de recursos? Primero tratar de que las personas que se vacunen sean las de alto riesgo. Los mapas de georeferencia muestran que la mortalidad infantil, la violencia familiar, el cáncer de cuello de útero entre otros males, se superponen siempre en zonas donde las características salientes son la pobreza, la mala nutrición, la falta de educación y las prácticas no saludables como el tabaquismo. De ahi, que se propone focalizar la vacuna en áreas duras de pobreza. Segundo, si la vacuna no se aplica, se promueve usar el preservativo. Tercero, facilitar el análisis de detección precoz del cáncer. Para eso han sacado dos leyes, por un lado la 7644 que declara el día provincial de detección precoz del cáncer de cuello de útero y la ley 8147 que otorga a las empleadas públicas provinciales un día libre para hacer los chequeos ginecológicos y otro para ir a buscar los resultados. Cuarto, se estimula la prevención imponiendo a las beneficiarias de una beca de 300 pesos (que da el Gobierno Provincial como asignación familiar a las mujeres desempleadas y con hijos) que para cobrar la beca presenten el certificado del chequeo preventivo ginecológico. Cada análisis en el estado cuesta unos 7 pesos de insumos y en el sector privado con 40 $ se cubren todos los costos.

    En suma entre computadoras portátiles, política de salud focalizada, creación de incentivos adecuados, Provincias como La Rioja, dan señales de esperanza e inteligencia de cómo se pueden enfrentar los problemas de educación y salud que nos aquejan. Ojalá estos ejemplos cundan y el país se contagie de tan buenas iniciativas.

    Dr Roberto Tafani

  • ARGENTINA, EL PAÍS GRANERO DONDE MUCHA GENTE PASA HAMBRE

    BUENOS AIRES -- En un país como Argentina, capaz de producir muchos más alimentos de los que necesita, millones de personas pasan hambre y cantidades de niños mueren de desnutrición.

    El avance de la pobreza es una realidad innegable, pero establecer su magnitud es difícil porque las cifras que da el gobierno no coinciden con las de analistas privados, organismos civiles y la Iglesia.

    "La característica de los hambrientos es su invisibilidad", señaló a AP Juan Carr, fundador de Red Solidaria, una organización de voluntarios surgida hace 15 años que hace de nexo entre las necesidades sociales y quienes las pueden cubrir, y que trata temáticas como el hambre, los chicos perdidos o la donación de órganos.

    "Se ha consolidado una pobreza estructural, aunque hubo una cierta mejoría entre los pobres con algunos ingresos, por los subsidios otorgados por el gobierno nacional", declaró a la AP Rolando Núñez, director del Centro Mandela, una las principales organizaciones de derechos humanos de la provincia de Chaco, especializada en la evaluación de políticas públicas.

    Chaco, una de las provincias más pobres del país, es un claro ejemplo de estas discrepancias. Allí el hambre se ensaña especialmente con los indígenas, los eternos olvidados. La desnutrición conspira contra la educación de los niños, particularmente en zonas rurales como El Impenetrable.

    Según datos oficiales, en Chaco se repetirían este año los valores de mortalidad infantil del 17 por mil registrados en 2008, o se produciría un leve aumento en los mismos, afirmó Núñez.

    En esa provincia del norte, habitada por poco más de un 1 millón de personas, incluidos 70.000 indígenas, el 40% de la población está por debajo de la línea de pobreza y el 17% es indigente, valores muy por encima de los que maneja el gobierno, señaló Núñez.

    Nuñez explica que para llegar a sus datos, la organización que dirige tuvo en cuenta las calorías que necesita una familia promedio de cinco miembros y los precios más económicos de la canasta básica alimentaria.

    "Para obtener las calorías indispensables una familia necesita 1.530 pesos (unos 413 dólares) al mes", dijo.

    La cifra asciende a 1.800 pesos (486 dólares) si se incluyen servicios como el agua o el gas, sin contar los gastos para esparcimiento y educación, valor por encima de lo que calcula el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

    Chaco y Formosa son las provincias más pobres de Argentina y la primera tiene uno de los ingresos más bajos por habitante. La capital chaqueña, Resistencia, es el conglomerado urbano más pobre. Allí malviven cientos de miles de personas en condiciones muy precarias.

    El combate al hambre es una de las prioridades de Red Solidaria, que se hizo particularmente conocida en 2002, cuando Argentina atravesaba la peor crisis de su historia y uno de cada dos argentinos era pobre.

    "En el país hay un mínimo de ocho millones de personas (20% de la población) que no tienen vivienda, salud, educación y trabajo, lo que técnicamente se llama pobres. Entre esos ocho millones hay un piso de 2,3 millones que no tienen garantizada su comida: son indigentes", afirmó Carr, director del Centro de Lucha contra el Hambre de la Universidad de Buenos Aires.

    Pero los últimos cálculos del INDEC -del primer semestre de 2009- sostienen que la pobreza está en el 13,9% y la indigencia en el 4%.

    El organismo ubica bajo la línea de pobreza a quienes no cubren el costo de una canasta básica que incluye alimento, educación, vivienda, salud y servicios que se sitúa en 1.025 pesos(unos 277 dólares) para una familia tipo de cuatro miembros.

    La Iglesia y entidades privadas como la Universidad Católica Argentina creen que al menos un 30 por ciento de los 40 millones de argentinos son pobres.

    Uno de los problemas del INDEC es que subestima la tasa de inflación, lo que tiene su correlato en el cálculo de la pobreza, ya que el costo de la canasta básica se calcula según el Indice de Precios al Consumidor, señaló a AP la consultora Orlando Ferreres y Asociados.

    Ante las críticas, el gobierno anunció hace unos meses que llevará a cabo cambios en las mediciones del organismo. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, afirmó a Radio 10 que el objetivo es "fortalecerlo y terminar con las controversias de una vez por todas".

    Un consejo de académicos analizará la nueva metodología que empleará el INDEC.

    Carr destacó lo escandaloso que resulta que en un país en crecimiento y productor de alimentos, "ocho niños mueran al día por causas relacionadas con la desnutrición".

    Argentina tiene capacidad anual para producir alimentos (granos y distintos tipos de carne) para su propia población y decenas de millones de personas más en el mundo, en este último caso a modo de exportaciones, según analistas agropecuarios. Exporta buena parte de su producción.

    Entre 2003 y 2008 el crecimiento fue mayor al 7% anual. Este año la economía argentina sufrirá una desaceleración pero cerrará el año con un 0,7 por ciento de expansión, indicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

    Como otros expertos en el tema, Carr percibió un aumento de la pobreza en los últimos dos años. Calcula que se produjeron entre 500.000 y 1,4 millones de nuevos indigentes.

    "El padre o la madre de familia que hasta el 2007 tenían algo de dinero ahorrado, ahora no les alcanza y tienen que ir al comedor (popular), como una ayuda extra", explicó Carr, quien valoró que el gobierno haya dispuesto un subsidio de 47 dólares mensuales por cada hijo de desempleados o trabajadores informales.

    El Movimiento Nacional de Cartoneros, que agrupa a las personas que se dedican a la recolección de residuos para reciclaje, como cartón y papel, dijo que unos 13.000 hombres, mujeres y niños ingresan todos los días con carros o vehículos precarios desde el cinturón urbano de Buenos Aires a la capital para recolectar residuos que luego venden a mayoristas, unas 3.000 más que hace un año y medio.

    Economistas señalan que algunos factores que contribuyen a que prevalezca la pobreza son el deterioro de la capacidad adquisitiva de los asalariados por la inflación, el bajo monto de las ayudas sociales, el alto nivel de informalidad en el mercado laboral y el incremento de la desigualdad entre los salarios formales e informales.

    Por ALMUDENA CALATRAVA
    The Associated Press

  • "PROPUESTAS MALDITAS"

    Propuestas malditas para curar la salud pública argentina
    Con honestidad y didáctica, el médico Alberto Dal Bo comenta en un libro varias experiencias de reformas para jerarquizar la salud pública en los ´60 y ´70 -incluyendo la de Río Negro- y cómo éstas fueron torpedeadas desde las corporaciones médicas privadas.

    Así como la ciencia médica busca curar y aliviar el dolor, la voluntad humana de mejorar el ámbito en que se desempeña está unida a la búsqueda de la perfección y a la vocación de servicio. Pero habitualmente combate con la -también natural- inclinación egoísta a mejorar el propio bienestar. Estas dos tendencias contrapuestas bastarían para explicar gran parte de las fuerzas que tironean al Estado y a la sociedad. Y, dentro de ese marco, las contingencias que atravesó el sistema público de salud en el último medio siglo.

    La historia de los procesos involucra mucho de lo humano en toda su ambivalencia y su ubicación temporal e ideológica. Con honestidad intelectual, Alberto Dal Bo narró sus vivencias en esta historia de esfuerzos y frustraciones que es la búsqueda de un sistema de salud eficiente y basado en la atención primaria y el uso racional de recursos materiales y humanos.

    "Hospitales de reforma" es un libro sobre organización de la Salud que no está pensado para especialistas sino para cualquier persona que se interese en el tema.

    De algún modo, Dal Bo admite el fracaso en la mayoría de esas experiencias y lo atribuye a las resistencias de la corporación médica tradicional y a sus intereses económicos. Señala que tal vez por eso hay pocos registros de esos procesos, cuyos protagonistas se mantienen unidos por el desencanto o la nostalgia de haber remado contra la corriente en alguna o varias de estas "propuestas malditas" para la "familia médica".

    Claro que la evolución de los hospitales en la Argentina está ligada a la suerte del Estado nacional. A sus crisis recurrentes, a la alternancia entre gobiernos militares y civiles, peronistas y radicales, estatistas y privatizadores. Tal vez por eso no extraña leer la crueldad de los "ritos de iniciación" a los que eran sometidos los médicos practicantes en servicios de Guardia de los hospitales del país en los ´60. Burlas pesadas que poco se diferenciaban de las que recibían los "colimbas" en los cuarteles.

    A pesar de que eso Miguel Maxit señala en el prólogo que entonces los hospitales estaban mejor que ahora, cuando "los pacientes y el Estado mismo son más pobres, las obras sociales están en bancarrota, gran parte de los médicos se hallan pauperizados", explica.

    En ese tiempo no había programa docente de las prácticas sino que los practicantes aprendían "mirando y haciendo", no existía terapia intensiva ni una especialización en anestesiología. Si no era fácil ser enfermo en esas épocas de anestesia con éter y escasa tecnología, ser médico no era mucho más "amable", según el minucioso relato de las primeras experiencias de Dal Bo en las guardias, cirugías y atención externa de emergencias.

    Dal Bo participó durante cuatro décadas de varios de los más importantes proyectos de cambio en salud.

    ? En la ley de Hospitales de Reforma y la Planta Piloto Nº 1 en el Hospital Regional de Mar del Plata, en 1961. Oscar Alende era gobernador de Buenos Aires.

    ? El Hospital Regional de Comodoro Rivadavia inaugurado en 1968 durante el gobierno militar de Juan Carlos Onganía.

    ? El plan de Salud de Río Negro durante el gobierno constitucional de Mario Franco, entre 1973 y 1976.

    ? El Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, inaugurado en 1987 durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

    Del Hospital Regional de Mar del Plata destaca que su organización por departamentos favorecía el trabajo en equipo, los médicos extendían su horario hasta la tarde para atención al público, era arancelado pero con tarifas apenas 20% superiores a lo que se facturaba a las obras sociales, contaba con enfermería con formación universitaria, un sistema de registros médicos, servicio social y nutrición, medicina preventiva con tareas de promoción fuera del hospital y un departamento de Docencia e Investigación del cual dependían las residencias médicas. Allí no había "patrones" ni dueños de los enfermos.

    El fracaso de la experiencia devino por la decisión política del gobernador Anselmo Marini y de su ministro de Salud Pública, Abelardo Costa -"ligado a los intereses médicos sanatoriales"-, que pusieron fin al marco jurídico que la regía, en 1964. De este formidable establecimiento pondera a Julio Genoud y a Enrique Malamud como autoridades y recuerda entre sus compañeros residentes de la camada de 1964 a Horacio Lores y Osvaldo Pellín, radicados luego en Neuquén, donde tuvieron activa participación en la política de salud.


    El Hospital de Niños de Buenos Aires

    De regreso en Buenos Aires, Dal Bo completó su residencia en el Hospital de Niños, en el área de Pediatría, donde llegó en 1965. Allí compartió experiencias con José Ortiz Gallo, quien diez años después se radicó en Viedma. De él recuerda las definiciones sobre la nueva pediatría: "Ubicarse en un plano de igualdad frente al paciente, una medicina bidireccional, objetividad, sinceridad y autenticidad, honestidad, respeto y consideración".

    El Hospital Regional de Comodoro

    En 1968, Dal Bo y Marta Capuccio, su esposa, llegaron al Hospital de Comodoro Rivadavia, un inmenso edificio que hacía diez años esperaba ser inaugurado y donde sólo funcionaban consultorios externos. El director, Carlos Gómez Ríos, había fijado la dedicación exclusiva de la mayor parte de los médicos, horario extendido de atención, proyección extramuros de atención, arancelamiento y residencias. La resistencia local a la gente "de afuera" fue tal que los pacientes debieron ser trasladados por la fuerza del viejo hospital Vecinal y se debió despertar al gobernador para que se proveyera de agua al nuevo establecimiento.

    Al servicio de Pediatría del Regional se sumaron José Ortiz Gallo y su esposa Vilma en 1969 y formaron parte de un grupo de 19 médicos que dedicaban el 18% de su tiempo a la actividad docente. Los tres pediatras locales nunca se sumaron a las actividades de ateneo.

    El efecto del cambio se vio en las estadísticas: desapareció el raquitismo, la mortalidad infantil tardía de la población atendida por el hospital -de barrios pobres- igualó a la atendida en el sector privado y la neonatal fue menor que la de aquel sector.

    ¿Demasiado bueno para durar? Dal Bo reseña la crisis del sistema por la resistencia de los médicos locales a permitir que trabajaran en el ámbito privado los "de afuera", llegados para atender el hospital. Las alternativas para compatibilizar posturas debilitaron la autoridad del director Gómez Ríos, quien terminó por renunciar para ser reemplazado por Julio Genoud, quien reactivó la orientación original del hospital.

    La reacción local apuntó a Dal Bo y buscó evitar que fuera jefe de Pediatría pese a haber ganado el concurso. Logró asumir, pero el encanto terminó pronto: el gobierno justicialista que asumió en 1973 en Chubut eliminó el marco jurídico particular del Hospital Regional, lo que motivó la diáspora de los profesionales.

    El plan de salud de Río Negro

    En 1973, al asumir Mario Franco como gobernador en Río Negro, designó al frente del Consejo de Salud Pública al barilochense José María Iglesias, quien convocó a Alberto Ostrovsky, compañero de Dal Bo en el Regional de Comodoro. La muerte de ambos en un accidente aéreo derivó en que el ministro Alberto Pawly le ofreciera la conducción a Dal Bo.

    Cuenta que detalló a Franco su proyecto de mejora de hospitales, dedicación exclusiva para profesionales, horarios vespertinos, formar recurso humano en posgrado mediante residencias médicas, hacer que las obras sociales pagaran la atención de sus afiliados en el hospital e incorporar representantes de la comunidad en el Consejo Provincial de Salud.

    "¿Qué reacción espera que haya en el ambiente médico de la provincia?", preguntó Franco. Dal Bo respondió que una oposición franca. "Doctor, déjemelos por mi cuenta; a los de acá, los corro con los bomberos. Métale con el proyecto" fue el fin de la charla, con el campechano estilo del político de Villa Regina. Antes de partir hacia Buenos Aires a buscar profesionales, Dal Bo le planteó a Pawly que no era peronista. "¿Y yo se lo he preguntado? Para peronista estoy yo", dijo el ministro.

    En el gabinete tuvo el aval de Omar Lehner (Economía), Jorge Frías (Gobierno), Oscar Albrieu (secretario de la Gobernación) y Remo Costanzo (Planeamiento) y en seis meses contó con la Ley de Salud y con los documentos necesarios para la organización.

    La modernización y el aumento de los servicios de salud, sobre todo en áreas marginales de la provincia, se hicieron notar, así como el replanteo en la relación médico-hospital. Los programas para grupos vulnerables, los de formación profesional en enfermería y hemoterapia, las acciones de saneamiento ambiental y la remodelación edilicia completaron el esquema.

    El presupuesto de Salud Pública se duplicó en un año para sumar personal, adquirir equipamiento y ambulancias y mejorar los edificios. Parte de esos recursos se incorporó al facturar a obras sociales. Una línea de créditos del Banco Provincia permitió a los cien médicos full time recién llegados adquirir vivienda y auto.

    En 1974 fue el auge del programa; al mismo tiempo, la reacción de los médicos locales se hacía sentir a través de acusaciones de "bolches" o "marxistas" hacia sus responsables. El gobernador buscaba aliviar la tensión con la Federación Médica. "Era imposible avanzar en mejorar relaciones sin derribar los aspectos centrales del plan, aquellos que le daban su real sentido", escribe Dal Bo, orgulloso de que la experiencia "murió sin deshonra" con el golpe de Estado de 1976.

    Antes de eso, el jefe de Policía de Franco -Mario Benigno Ardanaz- había hostigado el plan junto con médicos de policía. "Se inventó la presencia clandestina de un jefe montonero en el hospital de Roca y poco después las fuerzas de seguridad recibieron la denuncia de la existencia de armas en el hospital de Bariloche", que dio lugar a un allanamiento. "Pero la verdadera actividad subversiva que debía erradicarse era la excelente oferta asistencial que brindaba la medicina pública", afirma Dal Bo. La tensión creció al ser amenazados varios médicos por la Triple A y allanadas varias de sus viviendas o colocadas bombas en su contra. Un pedido de Dal Bo y de Genoud para que Franco respaldara el plan de salud no tuvo éxito, jaqueado como estaba éste por su jefe de Policía. Esto motivó la renuncia de ambos y el médico reginense Juan Daga asumió en Salud Pública.

    El plan de salud ingresó en una meseta hasta que cayó ruidosamente luego del golpe de Estado, cuando Antonio García García asumió en Salud. Dal Bo narra todo lo publicado por el "Río Negro" contra el desmantelamiento de la salud pública en la provincia, no sólo en notas de opinión del diario sino en solicitadas, cartas de lectores y entrevistas, ejerciendo una fuerte presión a pesar de la censura del gobierno militar.


    ALICIA MILLER

    amiller@rionegro.com.ar

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